RODOLFO ARÉVALO*

La formación de la milicia guatemalteca y sus grupos. Escándalos de corrupción. Las denuncias contra el presidente Pérez Molina, la movilización social y la renuncia de la vicepresidenta. Descontento y reclamo por una reforma del Estado.

Los escenarios de conflicto que enfrenta el actual presidente Otto Pérez Molina (2012-), acusado por serias denuncias de corrupción y violación a los derechos humanos, se explican mirando un poco más atrás en el tiempo. En 1954, a partir de la intervención directa de los Estados Unidos que provocó la caída del presidente Jacobo Arbenz, se dio inicio a Guerra Fría en Guatemala y al llamado conflicto armado interno. Entonces, para contrarrestar los supuestos “indicios del comunismo” en la región, el gobierno estadounidense formó legiones de militares en sus centros especializados en contrainsurgencia, como la Escuela de las Américas, donde se formó parte de la milicia guatemalteca.

Debido a su poder real, su capacidad de maniobrar dentro de gobiernos títeres y la casi absoluta impunidad, estos militares lograron formar grupos, dentro del Estado, que se turnaron para consolidar redes de enriquecimiento ilícito. Los más reaccionarios se constituyeron en una especie de asociación conocida como “la cofradía”, bajo el liderazgo de Luis Francisco Ortega Menaldo, y los más jóvenes, miembros de la “Promoción 73” de la escuela militar nacional, se reunieron en un círculo llamado “el sindicato”, cuyo máximo líder es el actual Presidente, Otto Pérez Molina.

Debido a su poder real, su capacidad de maniobrar dentro de gobiernos títeres y la casi absoluta impunidad, estos militares lograron formar, dentro del Estado, grupos que se turnaron para consolidar redes de enriquecimiento ilícito.

Los últimos escándalos de corrupción del gobierno fueron protagonizados por integrantes de ambas alianzas en contubernio. Y fueron descubiertos a partir de un cuerpo de investigación que existe en Guatemala, único en su especie: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en el año 2007.1

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, general retirado de la “Promoción 73” –plagada de nombres reñidos con la ley y con posgrados en las famosas escuelas antiterroristas–, ha sido acusado de un sinnúmero violaciones a los DDHH. Estos abusos fueron cometidos en el año 1982, cuando se desempeñó como “comandante Tito” en tierra Ixil, pero siempre resultó incólume por “falta de pruebas”. Incluso, ha sido asociado al asesinato del obispo de la Memoria Histórica, Juan Gerardi y otros líderes políticos. Aun así, fundó un partido político de mano dura, el Partido Patriota, y llegó a presidente de la nación en las elecciones de 2011, pese a que los rumores sobre su cercanía con los narcos nunca disminuyeron.

Pérez Molina […] ha sido acusado de un sinnúmero de violaciones a los DDHH. Estos abusos fueron cometidos en el año 1982, cuando se desempeñó como ‘comandante Tito’ en tierra Ixil, pero siempre resultó incólume por ‘falta de pruebas’.

El 25 de mayo de este año, la plaza de La Constitución ubicada frente al Palacio de la Cultura fue copada pacíficamente por más de 30 mil ciudadanos. Hubo gente de todos los rincones pidiendo la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, salpicada de serias acusaciones de corrupción. Su secretario, un militar retirado, huyó en ese momento y cerca de 20 personas relacionadas con la Superintendencia de Tributación fueron acusadas de fraude. Éstos, confiados en la experiencia de la red de corrupción de “la cofradía” y de su poder de influencia sobre los jueces y magistrados asociados a “el sindicato”, sostenían su inocencia. En ese proceso fue también acusada la jueza, Marta Sierra de Stalling, quien favoreció a los cabecillas. De nuevo la CICIG constató la red de compra de “justicia”, liderada por siniestros personajes, como Luis Mendizábal, complotista relacionado con la extrema derecha y con “la cofradía”. El proceso conllevó a la confiscación de cuentas bancarias millonarias y a la renuncia de la vicepresidenta.

El 25 de mayo de este año, la plaza de La Constitución ubicada frente al Palacio de la Cultura fue copada pacíficamente por más de 30 mil ciudadanos. Hubo gente de todos los rincones pidiendo la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, salpicada de serias acusaciones de corrupción.

En una audiencia teatral, el Presidente, vestido de traje sin corbata, anunció el acontecimiento, con la rigidez militar que lo caracteriza. Emaxresdefaultn los días sucesivos el descontento aumentó. El nuevo vicepresidente, Alejandro Maldonado, famoso por desestimar el juicio contra el ex presidente de facto, Efraín Ríos Mont, encontrado culpable por genocidio en 2014, disgustó a muchos.

De nuevo el 16 de mayo, otro escándalo. Fueron detenidas 17 personas por el desfalco al Instituto del Seguro Social, cuyo director era el ex secretario del Presidente, Juan de Dios Rodríguez, otro ex militar. Ya para esos días, las organizaciones civiles proponían cambiar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, normativa liviana que no fiscaliza a los políticos, ni el financiamiento de sus millonarias campañas y que permite la reelección de diputados indefinidamente, quienes escogen los grupos colegiados que elegirán a los magistrados y jueces: un paquete completo para mantener la impunidad.

El Presidente se aferra a su silla: recientemente apareció en un programa de televisión acompañado del embajador estadounidense, mientras el pueblo unido contra la corrupción sigue demandando la reforma del Estado y exigiendo su renuncia.

Para la fecha, varios ministros han renunciado, entre ellos Mauricio López Bonilla, de Gobernación, ex militar, mano derecha de Otto Pérez Molina y amigo del también militar Byron Lima, reo condenado por el asesinato de Gerardi, que dirigía una red delictiva desde las cárceles, también denunciado por la CICIG. A pesar de los acontecimientos, el Presidente se aferra a su silla: recientemente apareció en un programa de televisión acompañado del embajador estadounidense, mientras el pueblo unido contra la corrupción sigue demandando la reforma del Estado y exigiendo su renuncia. El 11 de junio la Corte Suprema de Justicia dio trámite, unánimemente, a la solicitud de antejuicio del mandatario y la envió al Congreso, donde se trabaja en el delicado asunto.

1 La Comisión fue creada a petición de organizaciones pro justicia y basada en la experiencia de MINUGUA –otra misión de la ONU– encargada de verificar el cumplimiento de los DDHH durante el proceso de paz (1994-2004) (conflicto donde murieron más 200 mil personas y más de 50 mil fueron desaparecidas, al ejército se le atribuye el 80% de las masacres).

 

* Filósofo y escritor guatemalteco. Socio y guionista en Terco Producciones. rodolfo@tercoproducciones.com

 

 

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